La figura del Psicólogo Forense surge en España a partir de la ley de divorcio de 1981 (ley 30/81 de 7 de julio), en la que dando cumplimiento a lo establecido en el marco Constitucional de 1978
se posibilitaba la disolución del matrimonio, y en el artículo 92 del Código Civil se establecía la posibilidad de solicitar “el dictamen de especialistas” en relación con las medidas a adoptar sobre
el cuidado y educación de los hijos.
Aunque para dar respuesta a esta necesidad de evaluación técnica, inicialmente el Ministerio de Justicia, a instancia del Consejo General del Poder Judicial, creara con carácter de experiencia piloto 17 equipos, compuestos cada uno por un Psicólogo y un Trabajador Social, estas primeras plazas fueron ampliándose, convocándose oposiciones para dotar de firmeza estas contrataciones. A lo largo de estos 34 años, nuestra figura se ha ido consolidando en la Administración de Justicia, generalizándose nuestra actuación en diversos ámbitos competenciales, tales como los Juzgados de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de Violencia sobre la Mujer, así como en otros ámbitos penales y civiles.